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A estas alturas se pueden exigir pocas reflexiones añadidas al drama presidencial. El inquilino de La Moncloa está a 48 horas de desvelar su futuro y tiene el foco encima. A la espera del desenlace, el foco se pone menos en los desencadenantes de al acción que en el protagonista y es normal. Sin embargo, tanto los que estén de acuerdo con que Pedro Sánchez es víctima de un juego sucio inasumible como los que consideran que finge, pueden plantearse el papel de una panda como Manos Limpias en toda la historia. El grupo es conocido por aquí por su papel en el ‘caso Nóos’. Sin su actuación, la Infanta nunca habría sido juzgada por mucho empeño del juez Castro en ello. Luego se supo que, además de la voluntad del magistrado mediaron en esa posibilidad los dos millones de euros que no quisieron pagar a Manos Limpias para que se apartara del procedimiento.

El discurso pro Sánchez alude estos días a una actuación parcial del juez que admitió la denuncia de Manos Limpias contra la mujer del presidente. Se anima a una reforma judicial para evitar el denominado ‘lawfare’ y es posible que el asunto tenga una solución menos rimbombante: evitar la actuación de grupos que pretenden usar las instituciones judiciales y el proceso penal con fines retorcidos. España debe ser el único sitio donde existe la figura de la acusación popular, recogida en la Constitución, que permite a cualquiera que monte un chiringuito personarse en cualquier asunto en los juzgados para armar bulla, previo pago de una pequeña fianza. Suelen acudir a nombres pomposos que mezclan libertad, justicia, verdad o lo que sea, en castellano o latín y la intención siempre es la misma: acceder al sumario y la información, intentar dirigir el procedimiento contra un objetivo político y armarla. No se recuerda ninguna, al menos aquí, con un objetivo noble. Es un sitio por donde empezar.