Lawfare: guerra en los juzgados o mito político

Una sentencia del TSJIB condenó a nueve años de cárcel al juez Manuel Penalva por coaccionar al antiguo diputado del PP, Álvaro Gijón para que dimitiera. Un caso único: «Yo era votaba al PP, dijo el juez en el juicio». «Aguanté un año y medio y fue muy duro porque sabía que todo era mentira y era la única manera de reivindicarlo. Se pasaron todas las líneas», recuerda ahora el expolítico, cuyos padres y su hermano fueron detenidos, lo que detona la condena al juez. También entiende que su caso fue azuzado por el anterior equipo de gobierno municipal socialista. «Hay una tenencia, que no solo en española: todo vale, en cualquier momento para atacar al adversario político y nos hemos cargado la presunción de inocencia. La política lo está impregnando todo», reflexiona.

Los propios jueces niegan de plano esas actuaciones y apuntan a un constante cuestionamiento de su papel por parte de los partidos que sustentan al actual ejecutivo nacional. El portavoz en Balears de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura, Alejandro González Mariscal de Gante señala: «Por supuesto que no hay lawfare. Son manifestaciones políticas para minar la independencia judicial. Ningún juez tiene más interés que la Ley y la Constitución. Trabajamos en un sistema con múltiples instancias en las que se revisan las decisiones, incluso internacionales».

La Asociación Francisco de Vitoria es una de las que ha emitido un comunicado crítico con el Ejecutivo. Su portavoz, Jaime Tártalo incide: «Los jueces diariamente resuelven sin pensar en favorecer a uno o perjudicarle. Si fuera así, hay mecanismos como la recusación o incluso la denuncia, además del sistema de recursos». Cree que se introduce una «sombra de desconfianza absoluta» en la actuación de la judicatura: «Hablar de democratizar la Justicia hace ver que no actuamos de forma democrática. Es un intento de desacreditar». Mariscal de Gante: «Observamos una deslealtad institucional y es un error. Nuestro trabajo es proteger los derechos de los ciudadanos y es una irresponsabilidad introducir una desconfianza en ellos».

Yllanes sí aprecia casos: «Sin duda que hay lawfare. Cualquiera que haya estado en Unidas Podemos lo sabe. Fue lo que ocurrió con Victoria Rosell, con un juez en prisión o con las investigaciones que llevó a cabo García Castellón». Matiza: «Tenemos que convencernos que el 99 por ciento ejercen la jurisdicción con independencia. Hay jueces que pueden hacer mal su trabajo, pero eso no es lawfare,; lo es usar los mecanismos privilegiados que tiene el Estado». Por ejemplo, considera que la admisión de la denuncia de Manos Limpias contra la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no entraría en esa categoría: «Un juez despistado que no conoce bien la jurisprudencia del Supremo».

El abogado Josep de Luis ha intervenido durante años en causas en las que los investigados o acusados eran jóvenes independentistas mallorquines, con fiascos para las acusaciones como el ‘caso Confeti’, donde la sentencia deja claro que varios acusados, identificados por la policía por participar en una manifestación, en realidad estaban en ese momento en la Península. «Como operador jurídico percibo cierto sesgo». Lo atribuye a una disfunción general del sistema español, «que impregna a todo el Estado y también al ámbito judicial». Añade: «Me resisto a pensar que haya jueces con nombre y apellidos que actúan por ideología. Sí hay un ambiente con un cierto sesgo conservador. En España, la democracia funciona salvo en ciertos ámbitos que hacen que las costuras del sistema crujan: uno es la Monarquía y otro tiene que ver con Catalunya». Pone un ejemplo: «Cada vez que hay una pintada o una protesta catalanista se identifica a los autores y se denuncia y me remito al asunto del confeti. En otras pintadas no se identifica nunca. Y probablemente ninguna sea delito, pero o siempre, o nunca».

Denuncias de partidos

Uno de los partidos que más denuncias y querellas ha impulsado en los últimos años ha sido VOX. Su diputado, Jorge Campos, lo defiende: «Cuando un partido, una asociación o un ciudadano acude a los tribunales es porque considera que hay un delito. Nosotros cuando acudimos es porque consideramos que se ha infringido la Ley. No se hace política: el tribunal decide y si te equivocas puedes salir perjudicado». Sobre el lawfare: «No existe. Tenemos un sistema constitucional y las sentencias se dictan aplicando la ley. Con esa alusión desde el Gobierno pretenden acabar con la separación de poderes para proteger a sus socios separatistas».

Campos admite la «pena de banquillo» como una consecuencia. «Los medios intervienen como si el investigado fuera un condenado, pero también el perjudicado puede acudir a los tribunales para resarcir su honor». Gijón señala que no es tan fácil: «Para un político demostrar que te están injuriando es muy complicado. A pesar de la sentencia, del resultado, aún hoy hay gente que se cree que lo se inventaron contra mí es cierto».

Mariscal de Gante entiende «enfados» ante investigaciones: «El problema es que estamos años instruyendo, a veces por la complejidad y otras por falta de medios. Se publicita esa causa y parece que el investigado está condenado cuando esa es una garantía para su defensa. Hay garantías, hay recursos, lo que no quiere decir que siempre acertemos y la instrucción es una fase prematura del proceso que consiste en contrastar información. Hay que dejar trabajar».

¿Posibles soluciones? Yllanes apunta: «La primera reforma es acabar con la Ley de Enjuiciamiento Criminal decimonónica». Recuerda que la figura del juez instructor es una anomalía española. Una «figura perturbadora» pero añade otro paso: garantizar la independencia de la Fiscalía para que asuma las instrucciones: «La figura del juez garante y el órgano de enjuiciamiento serían un avance en la idea de independencia judicial».

El abogado Jaime Campaner, coincide en que «sería más conveniente la instrucción del fiscal». «En la jurisdicción ordinaria no tengo ninguna duda de que la magistratura en España es independiente», añade. Introduce otra figura habitual en causas politizadas y que también es una peculiaridad española: las acusaciones populares que permiten a cualquier ciudadano o asociación actuar como acción penal casi en cualquier asunto. «Han sido distorsionadoras en algunos asuntos pero en otros han hecho avanzar la acción. El filtro lo tienen que poner el juez y la Fiscalía».

Como fiscal, Pedro Horrach tuvo la experiencia de lidiar con Manos Limpias en el ‘caso Nóos’. La misma asociación reaparece una década después como el denunciante de la mujer de Pedro Sánchez. «Los utilizan. Manos Limpias pienso que es el instrumento que se ha usado. ¿Qué pinta un señor como Miguel Bernard (su presidente) que ha estado en prisión y tiene más de ochenta años recortando artículos en un momento muy álgido? O lo han contratado, como les contrataban antes». Sí ve en esta actuación un intento de usar la justicia con un motivo político. «Lo mismo que pasó en Nóos y si hay un juez que entra al trapo, mejor».

Otro foco de contaminación es la situación de interinidad del CGPJ, tras cinco años sin renovación. «Eso no depende de los jueces sino de las cámaras. Se plantea como alternativa rebajar las mayorías y cuanto más consenso, menos riesgo de politizar», dice Jaime Tártalo: «Claro que hay politización, pero es culpa de los políticos», concluye.